La operación Pitiusa ha levantado una auténtica polvareda en el sector de la seguridad privada. La Policía informó en dos fases de una operación contra una trama dedicada a la comercialización de datos privados. Según la información oficial, la trama desmantelada por la Unidad Central de Seguridad Privada se dedicaba a tráfico de datos personales y empresariales; robaban básicamente vidas laborales que luego eran vendidas al sector de la seguridad privada. El amplio dispositivo policial desplegado en las últimas dos semanas en 11 comunidades autónomas se ha saldado además con la práctica de 46 registros. Entre los arrestados, a quienes según los casos se atribuye presuntamente la comisión de los delitos de intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales, hay 40 detectives privados; 15 empleados públicos y otras 33 personas entre empresarios, asalariados y particulares. Según los datos policiales, los detectives detenidos, imputados y ya todos en libertad, compraban datos privados a los funcionarios públicos. Y entre estos funcionarios había dos guardias civiles ajenos a los servicios centrales, un policía local de Barcelona y un mosso. El malestar en el sector de los detectives privados es monumental. Y es que la cooperación de este importante sector de la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es enorme. Son mu- chas las operaciones que llevan a cabo tanto Policía Nacional como Guardia Civil y, en menor medida, por las policías autonómicas, que cuentan con una importante colaboración por parte de los detectives privados. Y no son pocas las que nacen precisamente de lo que ahora la Policía está persiguiendo. Es decir, los detectives, a través de contactos, obtienen informaciones sobre sus investigados. Esos datos son los que sirven para avanzar en sus pesquisas, y que en algunos casos llevan a sospechas de hechos delictivos. En ese punto, los detectives contactan fundamentalmente con la Policía que inicial sus diligencias, que finalizan en los juzgados pertinentes. Y todo basado en datos obtenidos por vías no oficiales y a través de contactos. Eso sí, en la inmensa mayoría de los casos, ajenos a cualquier red como la perseguida por Interior. La información oficial apuntaba que el origen de las investigaciones se sitúa en marzo de 2011, en torno a las actividades de un ex detective privado de Barcelona, actualmente policía local, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público. Las averiguaciones llevadas a cabo por los investigado- res apuntaban a que su conducta no se trataba de un hecho aislado. Al parecer formaba parte de una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de in- formación y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio nacional. La calidad de los datos con los que se comerciaba abarca desde matrículas de vehículos hasta historiales médicos o expedientes de la Agencia Tributaria. Es- tos datos otorgarían a sus poseedores una situación de ventaja frente a otras empresas de la competencia. Se han practicado 46 registros en Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia, Cantabria y Valencia, en los que se han intervenido 380.000 euros. Además de echar de menos cierta mano izquierda de la Policía con un colectivo que colabora y mucho con ellos, los detectives temen que esta actuación esté relacionada con la nueva legislación sobre seguridad privada. Un duro trato en la ‘operación Pitiusa’ Algunos de los detectives detenidos permanecieron 72 horas detenidos antes de pasar ante el juez. Los profesionales privados se quejan de que en algunos casos, bajo la acusación de comprar información privada, han sido sometidos al mismo trato que los terroristas. Aseguran que fueron ‘engañados’ para que no contactaran con sus abogados y recurrieran a letrados de oficio a la hora de defenderse durante la ‘operación Pitiusa’.